Destrucción a Toda Costa

 

Como testigo de la destrucción de nuestro litoral, Greenpeace presenta la 10ª edición del informe “Destrucción a Toda Costa”, en el que analiza la última década de destrucción del litoral y las perspectivas de futuro.

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Què fan els sindicats per nosaltres?

Arguments per a una visió crítica de la crisis

Com és possible que en un context de crisis hi hagi qui s'enriqueix com mai?
Com és possible que no es controli l'especulació financera?

És possible una resposta política a tot plegat?

Hi penjo dos gràfics extrets del diari Público i una intervenció de l'eurodiputat verd Daniel Cohn-Bendit que ha esdevingut una referència de primer ordre a les xarxes socials:

Más de mil intelectuales firman un manifiesto por el pensamiento crítico

CRITICOS Y CIUDADANOS
La Ciencia y la Universidad reivindican el pensamiento crítico

Ante los acontecimientos económicos, políticos y sociales de nuestro país en las últimas semanas, han aflorado voces que ponen en cuestión el papel de los intelectuales en la vida pública española. De hecho, estamos asistiendo a duros ataques y agresivas campañas de desprestigio por el mero hecho de adoptar, públicamente y en el marco de instituciones públicas como la Universidad, posiciones críticas con determinados poderes, en debates sobre nuestro modelo político, económico, institucional o judicial.
La amalgama ideológica liberal-conservadora llevaba ya años intentando relegar el pensamiento crítico al ostracismo, a la inhibición y a la autocensura, abriendo dudas sobre la función social de los intelectuales y tratando de modelar el comportamiento de la ciudadanía en contra de los valores más positivos de una democracia. El debate ideológico parecía haber desaparecido.
La crisis del modelo económico, la decepcionante respuesta política y judicial ante el clamor de las víctimas del franquismo, y el creciente cuestionamiento de la versión oficial de la transición a la democracia, han acentuado aún más la campaña de acoso ante cualquier pensamiento crítico.
Los hombres y las mujeres de la ciencia, parte sustancial del sujeto que denominamos “los intelectuales”, nos hemos instalado en una “neutra” eficiencia profesional olvidando, muchas veces, nuestra ineludible responsabilidad social. La actividad investigadora no puede permanecer encerrada en una torre de marfil, sino que es preciso mirar más allá del propio microscopio y ocuparse de la realidad social en que se asienta el sistema científico.
Nuestra condición intelectual y ética nos exige estar presentes en los debates públicos, en particular en la Universidad y en los centros públicos de investigación, aportando conciencia crítica a los procesos sociales y políticos, venciendo al miedo con la palabra. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad porque en ellos se dirimen principios y valores fundamentales para la convivencia en nuestro país y el futuro del mundo que queremos.
Hacemos ciencia y la difundimos al servicio del nuevo conocimiento y del desarrollo humano de la toda la sociedad. Desde esas premisas, afirmamos nuestra voluntad de actuar también como conciencia crítica ante el discurso dominante y como vigilantes de las tentaciones involucionistas que afectan al desarrollo de la ciencia, pero también a los derechos democráticos, al pluralismo ideológico efectivo y al imperio de la justicia frente a toda corrupción o discriminación del diferente o marginado.
Para reflexionar conjuntamente sobre esta compleja realidad, te invitamos a suscribir este manifiesto y a participar en el ACTO PUBLICO que celebraremos en el Salón de Actos del CSIC, Serrano 117, el próximo miércoles 9 de junio, a las 18:30 horas.

Participarán como ponentes:
Federico Mayor Zaragoza (UAM)
Reyes Mate (CSIC)
Francisco Fernández Buey (Univ. Pompeu Fabra),
Jesús Avila (CSIC)
Jorge Riechmann (UAM)
Bernardo Herradón (CSIC)

BARTOMEU MUÑOZ, PERSONA NON GRATA

El día que se destapó la trama Pretòria escribí un artículo en el que lamentaba el desprestigio de las instituciones a causa de las prácticas corruptas. Ante el alcance devastador que podría derivarse de las graves imputaciones instruídas por el juez Garzón, me preguntaba si valía la pena hacer leña del árbol caído refiriéndome a la detención del hasta entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. La figura de éste ya no es más que un montón de astillas, pero su suerte como individuo me parecía irrelevante en comparación con las consecuencias de los hechos presuntamente perpetrados por él y por el resto de imputados. La reciente apertura del sumario, y aún a falta de una sentencia judicial que tardará meses en dictarse, revela una serie de prácticas y actitudes de lo más execrable, que incluso superan las peores expectativas.

Las operaciones urbanísticas especulativas que se han puesto al descubierto han supuesto la pérdida de ingresos millonarios -¡en euros!- para Santa Coloma. El desvío injustificado de fondos europeos predispone a las instituciones supramunicipales hacia la desconfianza con respecto a la ciudad. Multitud de famílias colomenses viven en la incertidumbre por culpa de la mala gestión de la administración Muñoz. La Grama se halla al borde del abismo... La lista de agravios se haría interminable. No obstante, quiero resaltar la jactancia con la que Bartomeu Muñoz anunció en su día que había conseguido un millón de euros con los que pondría en práctica políticas anticirisis en la ciudad, algo aplaudido hasta la saciedad por sus acólitos como si fuese un milagro que sólo podría hacerse realidad gracias a las artes de un gran mago de la política como él. Resulta bochornoso leer en la causa que la misma cantidad se le imputa a modo de comisión embolsada por sus trapicheos en el puerto de Badalona. Qué prestidigitador tan sensacional y ecuánime: ¡Tachán, saco un millón de la chistera por aquí y me escondo otro en la manga por allá!

Si cuando alguien hace algo bueno por su ciudad se hace merecedor de una estatua o da nombre a una calle o una plaza, ¿qué hacer con quien haya hecho algo malo? En el ámbito de la Diplomacia suele aplicarse la declaración de "persona non grata" a aquel individuo que ha practicado malas artes en el desempeño de su función, lo que conlleva su inmediata expulsión y la pérdida del derecho a volver a entrar en el país. Este tipo de declaraciones se ha extendido en ocasiones a otros ámbitos institucionales, aunque careciendo de valor jurídico. Propongo que, de condenarse en firme a los imputados en el caso Pretória, automáticamente Santa Coloma de Gramenet los declarase "personas non gratas" como un gesto simbólico de legítima indignación cívica.

En cualquier caso, más allá de la decepción inmediata, cabe confiar en la Justicia para que haga su trabajo, y apelar al esfuerzo colectivo de las buenas personas de la ciudad para poder salir adelante. 

Los corruptos "no pasarán".

LO QUE NO SE DICE DE LA CRISIS, por Vicenç Navarro (Diario PÚBLICO, 13/05/10)

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

PROPUESTAS PARA LA IZQUIERDA, por Joan Herrera (secretario general de ICV)

En época de crisis es justo y razonable exigir el esfuerzo de todos, y especialmente de los que más tienen. Muchos hemos creído siempre en la necesidad de intervenir y regular el mercado, cosa que se ha acabado aceptando incluso en los sectores más liberales. Pero, en lugar de refundar el capitalismo o reformar la lógica de los mercados, el mercado ha reformado al Estado. El Gobierno ha optado por saciar al mercado, como si la diferencia entre unos y otros tan solo pasase por la velocidad a la que se arrodillan ante los grandes inversores.

Se dijo, en uno de los países con menos esfuerzo fiscal de nuestro entorno, que bajar impuestos era de izquierdas, y se hicieron reducciones fiscales por valor de 30.000 millones de euros. Al final, las consecuencias son que el Gobierno ha optado por la opción del recorte sin revisar la política de ingresos.

Con los ajustes, el Ejecutivo ha aceptado el dogma de acabar con el problema del déficit únicamente por la vía del gasto, con una propuesta muy poco racional. En primer lugar porque es antieconómica debido a la renuncia prematura a la inversión, lo que nos puede llevar de la recesión a la depresión económica. Y, en segundo lugar, porque es una propuesta que conlleva graves consecuencias sociales en terrenos tan relevantes como las pensiones, la dependencia o la rebaja del sueldo de los funcionarios, aceptando que la lógica del ajuste se debe basar en los ajustes salariales, empezando por los empleados públicos, para después seguir con la bajada salarial de todo aquel que mantenga un empleo.

Pasada ya una semana, y por si esto fuera poco, el Gobierno lanza un nuevo mensaje: ahora toca la reforma laboral, asumiendo que los ajustes se tienen que hacer con el esfuerzo de los asalariados. No sitúa reflexión alguna en torno a nuestro principal problema: la falta de crédito a empresas y familias –en el que sí hay un diferencial negativo respecto a Europa– ni aborda las reformas y exigencias que se necesitan en el sector financiero. También se dice que llegará una propuesta para que pague quien más tiene, pero sin plazos ni propuestas concretas, y con el sospechoso balance de haber presentado como única medida de progresividad fiscal la reforma de la ley Beckham, modificación aprobada a propuesta de quien escribe.

El presidente del Gobierno siempre ha reivindicado su tradición de la izquierda, de un fuerte republicanismo cívico. Pero, en cambio, es en el momento de mayor ofensiva de los valores de la derecha, de propuestas de ajustes más duros e injustos, cuando Zapatero ha decidido desertar del terreno de la izquierda, de desarmarla, y de rendirse al ajuste duro, irracional, injusto y no equitativo.

Podríamos ahora esperar a que concrete las propuestas para que pague más quien más tiene, mientras los ajustes duros se materializan. Incluso es posible que en cuestión de días podamos encontrarnos con alguna medida concreta. Pero creo que lo que nos toca a la gente de izquierdas y de progreso es definir otros caminos por los que transitar. Se puede equilibrar el déficit sin recortes sociales, con una política de recorte del gasto distinta y sobre todo con una reforma fiscal justa, progresiva y ambiental. En los próximos días, diferentes grupos de la izquierda debemos señalar la política fiscal que se puede hacer: recuperar un impuesto sobre la riqueza; reformar el IRPF, introduciendo un nuevo tramo del 50% para los ingresos superiores a 8.000 euros mensuales. Podemos diferenciar la fiscalidad de las sociedades productivas de las meramente instrumentales, sin trabajadores a cargo, que sirven exclusivamente para pagar menos impuestos. Se debe crear un nuevo tramo del impuesto de sociedades para las empresas que ganen más de 1.000 millones de euros al año. Esta semana se discutirá una proposición de ley, trabajada con todas las organizaciones ecologistas, sobre fiscalidad ambiental, que bajo el concepto de que quien contamine pague, evite la externalización de los costes ambientales, que acaba asumiendo el conjunto de la sociedad. Es urgente un plan de choque contra el fraude fiscal y la lucha contra la economía sumergida, que en España alcanza porcentajes récords respecto al resto de Europa. Son posibles propuestas que permiten centrar el debate sobre el mercado del trabajo en la disminución de la precariedad; el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; reformas en el sector financiero que garanticen el acceso al crédito a familias y pymes; la reforma del sector eléctrico para adelantarnos a la crisis energética y, en clave europea, introducir fiscalidad sobre las transacciones.

Si el presidente ha tirado la toalla, el resto de la sociedad no puede hacer lo mismo. No es idealismo, es responsabilidad. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones en votaciones en el Congreso, en movilizaciones, en propuestas serias y rigurosas. Podemos ser más fuertes y útiles a los ciudadanos si, desde nuestra pluralidad, nos unimos más y mejor cuando haga falta. La mayoría de ciudadanos de este país se siente de izquierdas, pero sobre todo, y lo más relevante, es que son trabajadores, pensionistas, personas sin empleo, jóvenes, estudiantes y precarios. A ellos les debemos una respuesta, porque fueron ellos los que nos eligieron para representarlos, no los mercados. Más allá de los partidos, estamos al servicio de esos ciudadanos. Hago esta propuesta como secretario general de ICV, como diputado en el Congreso. Pero, sobre todo, porque siento que esta propuesta la comparto con miles de ciudadanos.